Los Defensores del Pueblo Facundo Mancebo (Lanús) y Enrique Pochat (Morón), en representación de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), junto con Diego Mielnicki, Director de Servicios Públicos y Sebastián Pilatti, Director de Enlace con Organismos de Control, ambos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron de la reunión informativa de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, celebrada el día de ayer, donde manifestaron su preocupación por la gravedad institucional, jurídica y social de los Decretos de Necesidad y Urgencia 423 y 424/2025.
Estos decretos modifican la Ley 26.221, que regula el servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En particular, el DNU 423/2025 modifica la estructura y funciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), transfiriendo competencias sustantivas al Poder Ejecutivo y afectando la participación de las provincias y de los usuarios en los mecanismos de control. Por su parte, el DNU 424/2025 reorganiza el sistema, restringiendo los espacios de participación ciudadana y debilitando el enfoque federal en la gestión del servicio.
Desde ADPRA, se advirtió que estas medidas impactan de forma directa en derechos fundamentales como el acceso al agua potable, el saneamiento y la salud, comprometiendo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales.