Compartimos el pronunciamiento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina sobre el estado de las rutas nacionales. Debajo encontrarán en documento para descargar.
ADPRA reitera su preocupación por el estado de las rutas nacionales
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifiesta su profunda preocupación por la exclusión de distintos tramos de rutas nacionales de las Obras Obligatorias Nuevas previstas en el Pliego Particular de la concesión que será ejecutada por la Dirección de Vialidad Nacional, conforme lo dispuesto por el Decreto 97/2025 CC.
Como Defensorías del Pueblo, nuestra misión esencial es promover, proteger y garantizar de manera activa y sostenida los Derechos Humanos en toda su diversidad y en cada una de las dimensiones de la vida cotidiana. En este caso, se encuentran directamente comprometidos el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la ciudad y a la seguridad vial.
El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 97/2025, estableció como prioritaria la construcción de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos, con el objetivo de asegurar la conexión segura y previsible de las distintas regiones del país. Sin embargo, la Resolución 827/2025 de la Dirección Nacional de Vialidad, que convocó a Audiencias Públicas para la licitación del Proyecto Red Federal de Concesiones, ha dejado fuera del plan de obras algunos de los tramos más estratégicos del territorio nacional.
A ello se suma el Decreto 461/2025, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso
la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, transfiriendo sus competencias al Ministerio
de Economía y avanzando en la privatización de concesiones viales. Este marco normativo
proyecta un plan de veinte años, lo que implica que las exclusiones actuales significarán otras
dos décadas de abandono para las rutas relegadas. Lo no contemplado en los contratos con
empresas adjudicatarias quedará definitivamente fuera de exigibilidad, profundizando la
desigualdad territorial.
Cabe enfatizar que no se trata solamente de un asunto de diseño vial o de presupuesto, sino de una cuestión ética: priorizar una infraestructura que resguarde la vida implica priorizar la dignidad humana. Los datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) evidencian la gravedad: el 50% de los accidentes fatales se producen en rutas, siendo las rutas nacionales las de mayor incidencia, con entre 3.500 y 4.000 siniestros anuales —aproximadamente diez por día—, con un saldo de víctimas siempre creciente y
subregistrado.
En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el informe estadístico de ANSV correspondiente al año 2022 registró 158 víctimas fatales en rutas nacionales, el número más alto en el país, seguido por Santa Fe y Córdoba, provincias de intenso tránsito productivo.
Estos datos reflejan la insuficiencia de la infraestructura vial para responder al crecimiento demográfico, automotor y peatonal. El pico de siniestralidad se concentra en enero, mes de mayor movilidad vacacional.
Las deficiencias estructurales son evidentes: deterioro de la cinta asfáltica y banquinas, señalización insuficiente, iluminación deficiente, demarcaciones poco visibles, rotondas ineficaces frente a volúmenes elevados de tránsito, y rutas que dividen ciudades al constituirse en barreras urbanas. Ejemplo crítico es la ciudad de Tandil, en la Provincia de Buenos Aires, donde los 17,5 km urbanos de la RN 226 dividen la ciudad en dos, con un solo puente peatonal para cinco accesos, lo que configura un riesgo permanente para la población.
A ello se suma la coexistencia forzada de vehículos de gran porte con motocicletas, bicicletas, peatones, personas mayores y niños que deben cruzar rutas de alto tránsito sin condiciones mínimas de seguridad. La ONG Estrellas Amarillas ha visibilizado esta tragedia con señalizaciones en sitios de víctimas fatales, recordatorios que interpelan al Estado sobre el costo humano de la inacción.
En este contexto, ADPRA reafirma que la infraestructura vial no puede rezagarse ni erigirse en barrera, sino anticipar, acompañar y proteger. Por ello, resulta imperiosa la incorporación de obras tales como:
● Puesta en condiciones de la cinta asfáltica y banquinas.
● Ensanchamientos y mantenimiento de espacios verdes.
● Instalación de luminarias en rotondas y tramos urbanos.
● Señalización vertical y horizontal clara y completa.
● Construcción de pasos a distinto nivel (soterrados o elevados).
● Carriles exclusivos y segregados para transporte pesado o público.
● Rediseño integral de rotondas de acceso.
● Implementación de sistemas de semaforización inteligente.
● Corrimiento de tramos urbanos de rutas y construcción de cruces peatonales seguros.
La magnitud de esta problemática exige respuestas inmediatas. No se trata solamente de planificación vial: es una decisión ética y política respecto de la vida y la dignidad de la ciudadanía.
Por todo ello, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) exhorta al Estado Nacional a proyectar y ejecutar con urgencia obras viales que garanticen la seguridad vial, la movilidad adecuada y, fundamentalmente, la vida de los ciudadanos.