Compartimos la gacetilla de prensa de Cáritas Argentina
Buenos Aires, 23 de febrero de 2026. – Con la participación de diversos
sectores sociales, la Mesa Nacional de Barrios Populares realizó esta
mañana una conferencia de prensa en el centro porteño. Bajo la
consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de
personas” , representantes de la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil
y movimientos populares expresaron su preocupación por la reducción de
presupuesto de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU) y la
paralización de las políticas de hábitat en todo el país. El panel de oradores,
integrado por el Arzobispo Gustavo Carrara (Presidente de Cáritas Argentina),
Juan Maquieyra (Director Ejecutivo de TECHO-Argentina), Fernanda García
Monticelli (ex Subsecretaria de Gestión de Tierras de la SSISU) y Lila
Calderón (Referente del Barrio Obrero de Cipolletti), alertó sobre las
consecuencias del cierre de la Subsecretaría para los 5 millones de personas
que habitan en villas y asentamientos de todo el país.
Durante el encuentro se destacó que esta política pública ha
logrado trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político ,
consolidándose como un consenso nacional desde su creación en 2016 y su
posterior aprobación por unanimidad en el Congreso en 2018. Los expositores
coincidieron en que la integración socio urbana no es una bandera partidaria,
sino una herramienta de transformación social auditada por organismos
internacionales como el BID y entidades nacionales como la SIGEN y la UCA,
que han certificado su transparencia y eficiencia en el territorio.
El Arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, fue
contundente al manifestar que “estamos en una cultura de la voracidad y el
descarte”, En ese marco, subrayó la importancia de avanzar en procesos de
urbanización e integración social: “Urbanizar es garantizar cosas tan
elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración
habla de protagonismo”.
Y destacó especialmente el rol de las comunidades: “El relevamiento no se
hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la
integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la
construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas
que producen los alimentos que consumimos”.
Carrara hizo además un llamado desde la solidaridad y la humanidad: “¿Qué
adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero
si otros no comen no hay problema?’”.
Por su parte, Lila Calderón , referente del Barrio Obrero de Cipolletti y
fundadora de la Mesa Nacional, coincidió en que “había barrios de 70 años
olvidados, absolutamente abandonados, sin recursos, sin agua, sin luz ni
cloacas. Nadie venía, nadie estaba, más que los mismos vecinos viendo como
colgarse de la luz, con el riesgo de morir electrocutados”. Insistió en que
durante todo este proceso “nos quedaron en el camino muchos vecinos y
vecinas muertas, porque vivían en zonas inundables, porque a partir de la
conexión precaria de electricidad se les prendía fuego la casa”.
Fernanda García Monticelli , ex Subsecretaria de Gestión de Tierras y
Servicios Barriales de la SISU, expresó que durante la implementación de la
política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de
1.200 proyectos de integración sociourbana con 24.000 lotes con servicio,
250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un
desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del
organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública,
sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los
que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
Por su parte, Juan Maquieyra , Director Ejecutivo de TECHO-Argentina,
resaltó que tanto el RENABAP como la Ley 27.453 son “políticas que se
desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado
de la Nación Argentina votada por el Congreso por unanimidad, arrancando
en un barrio”, y agregó que este proceso “se hizo encontrando a los distintos”
y se “sustentó haciendo, hubo decenas de miles de obras que se realizaron y
que fueron auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”.
Por último, cerró invitando a la reflexión con la pregunta: “¿En qué Argentina
queremos vivir? ¿en una donde, si naces en un barrio popular hoy y no hay
obras de integración socio urbana, vas a vivir 11 años menos?”.
Un retroceso que afecta a millones
Los expositores explicaron que la paralización de esta política no es una
discusión administrativa; es el incumplimiento de una ley nacional sancionada
por unanimidad en 2018. Los datos presentados durante la conferencia
reflejan una realidad alarmante: más de 700 obras frenadas y más de 11
mil mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza.
Como sostuvieron desde la Mesa, “en contextos de crisis económica, el deber
estatal de protección de los derechos sociales debe intensificarse, no
retraerse”.
Finalmente se hizo especial hincapié en la vigencia del marco legal. Se
recordó que la Justicia Federal, a través del Juzgado Federal de Pehuajó, ya
ha dictado medidas cautelares que ordenan al Estado Nacional garantizar la
continuidad de la política pública y suspenden cualquier intento de disolución
del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), señalando que su paralización
constituye una violación a leyes vigentes y mandatos constitucionales.
200 adhesiones en apoyo a la declaración
El reclamo de continuidad de la política nacional de integración socio urbana
fue respaldado por una declaración que cuenta con más de 200
adhesiones de diversos sectores. Entre las instituciones firmantes se
destacan Cáritas Argentina, TECHO , la UTEP, institutos de investigación
CONICET y una red federal de Universidades Nacionales de todo el país.
También acompañaron esta iniciativa la organización FUNDAR, la Pastoral
Social, así como numerosos sindicatos y confederaciones de diferentes
sectores, tales como la UOCRA, Fempinra, UEJN, SIPREBA, todos unidos
en la exigencia de sostener una política de Estado que garantice tierra, techo
y trabajo.
Sobre la política de integración socio urbana
Esta política se construyó a partir de un amplio consenso social y político. En
2016, organizaciones sociales, la Iglesia y habitantes de barrios populares
impulsaron el primer relevamiento nacional: el RENABAP , formalizado por el
Decreto 358/2017. Por primera vez, el Estado contó con un diagnóstico
federal para saber cuántas personas viven en barrios populares, dónde están
y en qué condiciones. Se pasó de la invisibilidad a la información pública para
la acción.
En 2018, ese consenso se transformó en política pública con la sanción
unánime de la Ley 27.453, luego reformada en 2022. Por primera vez, el
Estado nacional reconoció la existencia de más de 6.400 barrios populares,
declaró la problemática de interés público y asumió responsabilidades
concretas para garantizar el derecho al hábitat.
Mesa Nacional de Barrios Populares