ADPRA expresa su preocupación por la situación del Programa Incluir Salud y la continuidad de las prestaciones
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en su carácter de entidad que nuclea a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país, expresa su preocupación institucional ante las demoras registradas en la regularización de pagos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) del Ministerio de Salud de la Nación, y el impacto que dicha situación genera en la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.
Las Defensorías que integran ADPRA han constatado un aumento sostenido de quejas en diversas jurisdicciones del país. Estos reclamos se centran en dificultades para obtener cobertura de servicios esenciales como salud, rehabilitación, provisión de medicamentos e insumos, y acceso al transporte necesario para tratamientos y asistencia a centros especializados.
Dichas problemáticas se originan, en gran medida, en los atrasos en los pagos a los prestadores. Esta situación compromete la operatividad del sistema y genera una profunda incertidumbre tanto para las instituciones proveedoras de servicios como para las personas beneficiarias.
Recordamos que el Programa Federal Incluir Salud constituye un instrumento central para garantizar el acceso a prestaciones de salud a titulares de pensiones no contributivas, incluyendo a personas con discapacidad, en el marco de un esquema de aseguramiento público que articula responsabilidades entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales. En este sentido, su adecuado funcionamiento resulta indispensable para asegurar condiciones mínimas de acceso, continuidad y calidad en las prestaciones.
La protección del derecho a la salud en Argentina se sustenta en el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), que incorpora instrumentos internacionales clave como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, el Estado tiene la obligación de implementar medidas de acción positiva (art. 75 inc. 23) para garantizar la igualdad real de oportunidades, prestando especial atención a las personas con discapacidad. En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional (Ley 26.378 y 27.044), establece la obligación de garantizar el acceso al más alto nivel posible de salud sin discriminación, así como de asegurar servicios de habilitación, rehabilitación, movilidad personal y protección social. A nivel interno, la Ley 24.901 instituye el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, estableciendo la responsabilidad estatal de garantizar dichas prestaciones, especialmente para quienes no cuentan con cobertura de obra social.
Por su parte, el Programa Federal Incluir Salud —regulado, entre otras normas, por la Resolución 1862/2011 del entonces Ministerio de Salud y sus posteriores adecuaciones institucionales— prevé la cobertura de prestaciones conforme a estándares mínimos vinculados al Programa Médico Obligatorio (PMO) y al sistema de prestaciones básicas vigente.
En función de lo expuesto, ADPRA considera que las demoras en la regularización de pagos y las dificultades operativas registradas podrían comprometer la continuidad de prestaciones esenciales, sin contar que hay algunas que ya han sido suspendidas por falta de pago, afectando especialmente a personas en situación de mayor vulnerabilidad, cuya atención depende de manera directa de este sistema.
Por ello, resulta necesario que las autoridades competentes adopten, con carácter prioritario, medidas
orientadas a:
● regularizar los pagos adeudados a prestadores en todo el territorio nacional;
● garantizar previsibilidad y transparencia en los mecanismos de financiamiento y autorización
de prestaciones;
● asegurar la continuidad de tratamientos, provisión de medicamentos, insumos y servicios de
transportes,
● fortalecer los canales de información y comunicación con beneficiarios, prestadores y organismos institucionales;
● y promover una adecuada articulación entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales para el funcionamiento efectivo del Programa.
ADPRA reafirma su compromiso con el monitoreo permanente de esta situación, en el marco de las competencias propias de las Defensorías del Pueblo, y destaca la necesidad de adoptar medidas que garanticen el acceso efectivo, continuo y oportuno a las prestaciones de salud, en condiciones de equidad y sin discriminación, conforme a los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
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