REPUDIO ANTE LA REPRESIÓN DURANTE LA MARCHA DE JUBILADOS, LAS
AGRESIONES A LOS MANIFESTANTES Y LA DETENCIÓN IRREGULAR DE MENORES
DE EDAD
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina manifiesta
su enérgico rechazo a los hechos ocurridos el 12 de marzo del corriente año en la Ciudad
de Buenos Aires, donde una marcha de jubilados fue reprimida y dejó múltiples personas
heridas y detenidas. Entre ellas, el fotógrafo Pablo Grillo, oriundo de Lanús, quien sufrió una
grave lesión en su cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, y que aún
permanece en estado crítico.
También resulta alarmante el caso de una mujer de 87 años, quien sufrió un traumatismo de
cráneo como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad. Este episodio
evidencia un accionar desmedido que en ningún caso debería afectar a personas en
situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores.
Asimismo, se llevaron a cabo detenciones irregulares, incluyendo la de menores de edad,
en un operativo que careció de garantías básicas de protección. El uso indebido de la
coerción estatal vulnera derechos fundamentales y debilita las garantías democráticas. La
creciente criminalización de la protesta social atenta contra el ejercicio ciudadano y refuerza
un mensaje de intolerancia hacia la participación democrática.
En este contexto, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación y han instado a las
autoridades a realizar una investigación urgente sobre lo sucedido. Nosotros, desde
ADPRA, nos adherimos a este reclamo y enfatizamos la necesidad de que dicha
investigación sea independiente, transparente y exhaustiva, con el fin de esclarecer
responsabilidades.
Por todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los Derechos
Humanos y el respeto a la Constitución Nacional, a la vez que exhortamos a las autoridades
a garantizar el derecho a la protesta pacífica evitando el uso excesivo de la fuerza y
adoptando medidas para prevenir nuevos hechos de violencia institucional.